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doi: 10.1016/j.medcli.2010.09.036

El menor maduro ante las decisiones sanitarias

The mature minor decisions’ in health

Ana M. Peiró Peiró a,

a Presidenta del Comité de Bioética Asistencial, Departamento de Salud 19, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España

Artículo

Sr. Editor:

La expresión “menor maduro” se utiliza para identificar a las personas legalmente menores de edad, pero con capacidad suficiente para involucrarse en la toma de decisiones que afecten a su persona. La base teórica se halla en el principio de que los derechos de personalidad y otros derechos civiles, pueden ser ejercitados por el individuo desde el mismo momento en que este es capaz de disfrutarlo, hecho que suele suceder antes de los 18 años1.

El concepto de “menor maduro” nace en EE.UU. en los años 70 construyéndose de forma progresiva desde el punto de vista jurídico, en base a las demandas que los padres realizaban por asistir a sus hijos adolescentes sin su consentimiento. En 1973, la Academia Americana de Pediatría afirmaba que cuando las decisiones sean de bajo riesgo y gran beneficio: “un menor puede dar su consentimiento para recibir asistencia médica cuando es capaz de tomar decisiones racionales y dicha asistencia puede verse comprometida por el hecho de informar a sus padres. En virtud de lo establecido en nuestro Código Civil (CC, Art. 162) “cuando se trate de menores que reúnan condiciones de madurez suficiente y en los que, por tanto, su capacidad de juicio y entendimiento les permita conocer el alcance del acto médico para su propio bien jurídico, deben ser ellos quienes autoricen la intervención médica2.

La tendencia general de nuestra legislación es la de conceder un mayor ámbito de autonomía para propiciar que tomen sus decisiones sobre actos que afectan a su esfera privada y no por sus padres o representantes legales. Así, la Ley 41/2002 estableció que “en los menores emancipados o con 16 años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación”. De este modo se hace equivalentes a dos colectivos distintos, asumiendo que todos los mayores de 16 años han adquirido por edad la condición de emancipado, pudiéndoles privar del derecho que tienen al cuidado y a la tutela de sus representantes legales3. Entre los 12 y los 16 años, la presunción legal es de incapacidad; por lo que, para aceptar la decisión del menor sin participación de sus representantes, el médico debe demostrar que tiene un grado de madurez suficiente4.

Teniendo en cuenta que la maduración del sujeto es un continuun, la evaluación de su competencia se basa en la aptitud para comprender la situación y las alternativas posibles de actuación, así como las consecuencias previsibles de cada una. Para poder determinarla existen diversas escalas, como la de MacCAT-T o el Aid to Capacity Evaluation (ACE). Desafortunadamente, hay poco consenso en su uso y la evaluación suele basarse más en la experiencia clínica, la prudencia y el sentido común del médico5.

Siendo la bioética una disciplina que tiene por objeto el estudio de los valores y su inclusión en la toma de decisiones, se plantea saber qué debe entenderse por “mayor beneficio” y quién debe definir algo como tal. Si a este aspecto le añadimos la pluralidad de nuestra sociedad, tendremos que reconocer la importancia de la deliberación o decisión compartida, sustentada tanto en aspectos éticos como en jurídicos, y la necesidad de definir los derechos y deberes de los propios menores y de sus padres o tutores. Sobre todo, en algunos temas especialmente sensibles como pueden ser: el acceso a los datos de la historia de un menor, donde existiría una incompatibilidad entre su derecho a la intimidad y el de ejercer la patria potestad de los padres; el respeto ante la negativa del menor a someterse a procedimientos “beneficiosos” como sucedió, por ejemplo, en el caso de Hannah Jones, la menor británica de 13 años enferma de leucemia que se negó a recibir un trasplante de corazón; o a la toma de decisiones en relación a la anticoncepción poscoital o la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), donde, en el primer caso, la píldora poscoital se puede adquirir en las farmacias sin receta, ni límite de edad desde el año 2009; y en el segundo, la Ley Orgánica 2/2010 (Art, 13) ha establecido recientemente que “en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la IVE les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad”.

En todas estas situaciones, existe la excepción de estar ante un caso de actuación de “grave riesgo” donde según el criterio del facultativo, los padres pueden ser informados y su opinión sería tenida en cuenta para la toma de la decisión. En caso de que el “menor maduro” no lo aceptara, se debería respetar la decisión del menor, siempre que no comporte su objeción de conciencia6.

Según una encuesta realizada a 385 médicos de primaria, cerca del 40% y 20% informaban a los padres de los menores de 16 años y 18 años, respectivamente. Sobre todo en relación al consumo de sustancias (tabaco, alcohol, marihuana, heroína o cocaína), prescripción de psicotropos o en temas relacionados con su salud sexual y reproductiva. De todo el colectivo, los médicos que tenían más probabilidades de informar a los padres eran los que estaban casados y tenían hijos (76,5%)7. Sin embargo, la Agencia de Protección de Datos (Informe 409/2004), señala que “si el padre o madre de un mayor de 14 años acude a un centro sanitario solicitando un informe de analítica o cualquier dato incorporado a la historia clínica de su hijo, sin constar autorización alguna de éste, no sería aplicable lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 41/2002, por lo que no debería procederse a la entrega8. La posibilidad de evitar un daño grave a terceras personas es la causa que justificaría una excepción al deber de secreto, constituyendo también un eximente de responsabilidad penal (estado de necesidad). Con una mayor riqueza en matices, estaría la justificación de evitar un daño grave al propio paciente.

La consideración de la sociedad hacia el menor ha variado a lo largo del tiempo y la tendencia de la actual legislación es favorecer la doctrina del “menor maduro”. Nuestra responsabilidad es la de determinar los casos donde estamos realmente ante menores informados capaces de asumir su autonomía de decisión para poder conjugar el respeto a sus decisiones con la protección de su salud.

Bibliografía

1.Sánchez M. El menor maduro. Bol Pediatr. 2005; 45:156-60.
2.American Academy of Pediatrics. Model act providing for consent of minors for health services. Pediatrics. 1973; 51:293.
Medline
3.Pérez M. The adult age in the medical field. Rev Clin Esp. 2010; 4:185-7.
4.Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. BOE, 15 de Noviembre de 2002.
5.Simón Lorda P, Rodríguez Salvador JJ, Martínez Maroto A, López Pisa RM, Júdez Gutiérrez J. Patients’ capacity for decision making. Med Clin (Barc). 2001; 117:419-26.
6.La persona menor de edad en el ámbito de la salud. Comité de Bioética de Catalunya (CBC) 2009 [consultado 25/08/2010]. Disponible en: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/es/dir89/menorsalutesp.pdf.
7.Pérez-Cárceles MD, Pereñiguez JE, Osuna E, Pérez-Flores D, Luna A. Primary care confidentiality for Spanish adolescents: fact or fiction?. J Med Ethics. 2006; 32:329-34.
Medline
8.Agencia Española de Protección de Datos. Informe 409/2004 sobre el acceso por el titular de la patria potestad a las historias clínicas de los menores [consultado 25/08/2010]. Disponible en: https://www.agpd.es/.