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Reply

Javier Soto a

a Departamento de Medicina. Pharmacia, S.A.

Artículo

Sr. Editor: En España, en muchas ocasiones se aplica la expresión uso racional del medicamento a lo que en realidad es uso sistemático del medicamento con un coste de adquisición más barato, y está claro que no es lo mismo. El primer término implica emplear siempre aquel medicamento que sea más eficaz/efectivo, seguro y eficiente, mientras que el segundo se focaliza, básicamente, en utilizar siempre el que sea más barato en su adquisición, importando poco la repercusión que los efectos adversos puedan tener en el consumo de recursos adicionales o en la disminución que puedan ocasionar en la calidad de vida de los pacientes, y sin entrar a valorar su grado de eficiencia con respecto a otras opciones terapéuticas existentes en el mercado.

Para comprobar este hecho, sólo es necesario leer atentamente cualquier boletín terapéutico de un área sanitaria de nuestro país, donde es excepcional encontrar evaluaciones de nuevas opciones terapéuticas basadas en su eficacia, seguridad y eficiencia de forma explícita y con evidencias científicas. Sin embargo, esto no quiere decir que las recomendaciones y proposiciones que hace la Administración Sanitaria sobre el uso racional del medicamento sean erróneas ni irracionales, sino que son parciales y dirigidas sólo a ciertos aspectos del medicamento, pero no a todos los que sería necesario.

Es cierto que analizar la eficiencia de las opciones terapéuticas existentes para tratar cualquier enfermedad es complejo, pero no por ello menos necesario en la actualidad. Quizá a los clínicos, por su formación y la falsa percepción vivida durante muchos años de una existencia ilimitada de recursos para ser destinados al cuidado sanitario en nuestro país, les resulta más difícil efectuar esta evaluación. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Salud existen otros profesionales a los que encomendar esta misión, como son los expertos del medicamento en atención primaria, los farmacéuticos de hospital, los farmacólogos clínicos y las agencias de evaluación de tecnología sanitaria, ya que dada su formación más específica en temas relacionados con medicamentos y con la evaluación económica les resultará más fácil su realización.

Por otra parte, la información que provenga de la industria farmacéutica (IF) también debería tenerse en cuenta como una aportación más (siempre que sea de calidad, transparente y basada en evidencias científicas), puesto que, aunque es real el conflicto de interés existente en esta área, también es cierto que cada día se realiza más y mejor investigación de todo tipo dentro de la IF. Solamente hay que asistir a los congresos más relevantes y revisar las revistas más prestigiosas para darse cuenta de que cada vez se presentan y publican artículos de mayor calidad y relevancia provenientes de la IF. Cerrar las puertas a cualquier tipo de información que venga de la IF, simplemente por el sitio de donde procede sin evaluar objetivamente la calidad de la información presentada, es cuando menos triste y necio. Los trabajos de investigación son buenos o malos por la calidad metodológica seguida en su elaboración y la relevancia de sus resultados, no por quién los ha realizado o donde trabaja esta persona.

La IF es uno de los agentes implicados en el mundo del medicamento y, por tanto, es conveniente que participe en el diseño de una política nacional de los medicamentos, lo mismo que el resto de partes implicadas, aportando sus visiones y sus valores. De hecho, dentro del NICE, cuando se elaboraron las recomendaciones sobre cómo deberían efectuarse las evaluaciones económicas de los medicamentos y otros productos sanitarios, en el comité que diseñó las citadas recomendaciones participaron activamente 15 representantes de la IF de un total de 50 participantes, esto es un 30% (www.nice.org. uk).

Para concluir, es cierto que en todo lo referente al medicamento existe un claro y notable conflicto de interés por parte de la IF, pero no por ello hay que pensar que toda la información que provenga de ella ha de estar sesgada, ser de mala calidad o poco fiable. Habrá que revisar cada caso y ver cuál cumple con los estándares de calidad existentes en la actualidad y cuáles no. Los primeros deberán ser tenidos en cuenta como una información más, y los segundos deberían ser desechados sin más. Es como si a cualquier hospital o clínica privada, o a cualquier clínico en su consulta privada simplemente porque está desarrollando una actividad por la que va a recibir una remuneración, fuera necesario cuestionarle, sistemáticamente, todo tipo de decisiones y actuaciones dado el conflicto de interés existente en su práctica. Todo dogmatismo y fundamentalismo es siempre malo, y sólo conduce a tomar decisiones parciales y sesgadas, la mayoría de las veces equivocadas.